En alerta y en defensa de la cultura
Este fin de año nos encuentra con el peligro de que gran parte de la cultura nacional sufra un recorte sin precedentes. Las medidas establecidas en la Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso es devastadora para la Conabip, los Institutos de Cine, Teatro y Música, y el Fondo Nacional de las Artes. Algunas de las entidades incluso, dejarían de existir. Además, ataca la ley del libro.
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El proyecto de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, dedica su capítulo 3 a “Cultura”. Esa "Ley Ómnibus" de Milei pide eliminar el precio único de los libros y restringe el financiamiento a las Bibliotecas Populares. Además, el proyecto propone la derogación de la ley 24800, llamada “Ley Nacional del Teatro” sancionada en 1997 que creó el Instituto Nacional del Teatro, y el Decreto Ley 1224 de 1958 que constituyó el Fondo Nacional de las Artes.
CONABIP y libros
La “Ley ómnibus” incluye la reforma de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), creada por Domingo Faustino Sarmiento hace 153 años, en 1870. Varios artículos de la ley 23.351 son reemplazados en el proyecto. Primero establece que se las clasifique según la cantidad de obras, el movimiento diario de esas obras y las actividades culturales que desarrollen. A continuación, se informa que las bibliotecas populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue; para obtenerlos, se deberá acreditar “la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular”, “las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas” y “el mayor esfuerzo” realizado en la prestación de servicios (no se determina quién lo evaluaría).
Como apunta Daniel Gigena en La Nación, la Conabip también cambiaría de nombre si se aprueba esta ley. Pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuaría bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. Estaría a cargo de un presidente, un secretario y cinco vocales designados por el PEN. Solo el primero sería remunerado por sus tareas. Días atrás, trascendió que el bibliotecario y escritor Raúl Escandar sería el presidente del organismo. Para María del Carmen Bianchi, funcionaria saliente del área, estas reformas “arrasarían con una política de lectura de más de un siglo y medio”. Y agrega: “Demuele los objetivos, los recursos y la participación federal, además del modelo de relación entre el Estado y la sociedad. Al cancelar las asignaciones específicas, que fueron prorrogadas en 2022 por cincuenta años, los fondos que se asignarán a cada organismo dependen del Congreso. Hay un agravante en ese sentido y es que en la medida en que la dependencia es de bajo rango tiene menos posibilidades de incidir en la distribución de los recursos que le tocan”. Hasta ahora, el Fondo Especial creado por ley 23.351 le asigna a la Conabip un porcentaje de lo recaudado en premios de loterías y juegos; en el 2005, el PEN le agregó fondos especiales por el mismo monto recaudado.
Por último, en el artículo 60 se propone la derogación de la ley 25.542 de precio de uniforme de venta al público de libros o precio único. Esto supondría que cadenas de librerías o cualquier otro comercio (supermercados, por ejemplo), si lo quisieran, podrían vender libros a un precio similar e inferior al del costo, lo que supondría el cierre rápido y definitivo de librerías más pequeñas, que no podrían competir con tal estrategia. Por otro lado, la bibliodiversidad se vería afectada y las editoriales independientes, cuyos catálogos no son tan masivos como los de las que publican best sellers, correrían riesgo de supervivencia.
La ley establece que los descuentos al actual precio fijo pueden ser de hasta un 10% en ferias, días y semanas consagradas al libro o cuando la venta se realice a bibliotecas, centros de documentación, instituciones culturales y de bien público sin fines de lucro, y de hasta un 50% cuando los adquirentes sean el Ministerio de Educación (hoy Secretaría), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y otros organismos públicos que realicen compras para ser distribuidas en forma gratuita a instituciones educativas, culturales y científicas, o a personas de escasos recursos. Si se deroga, las librerías podrán ofrecer mayores descuentos, a costa de su porcentaje de ganancia.
INCAA
En el caso del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales se le retira su principal fuente de financiamiento (el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicación, a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable), que pasa al tesoro nacional. Según el proyecto, el INCAA recibirá directamente el llamado ”impuesto al cine” (10% sobre el precio de las entradas), pero el resto de sus fondos dependerán de lo que envíe el Ministerio de Economía, y establece que los gastos operativos y de personal no pueden superar el 25% de su presupuesto. Además, cambia la estructura de gobierno del Instituto y elimina la prestigiosa Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).
INAMU
Recorta la autonomía del Instituto Nacional de la Música y elimina el “fondo de financiamiento” establecido por la ley 26.801, sancionada en 2012. Ahora los fondos “serán propuestos y asignados por la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”. Le quita al director todas las funciones de definición del funcionamiento, planificación estratégica y proyección presupuestaria para transformarlo únicamente en un "administrador de fondos", y elimina la obligatoriedad de que haya un artista nacional en cualquier show de un artista extranjero y de la difusión de música nacional en los medios públicos.
FNA
El Fondo Nacional de las Artes, promueve el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales mediante concursos y becas desde 1958, presidido hasta 1973 por la escritora Victoria Ocampo, quien lo fundó. Jorge Luis Borges, gran primer premio del FNA; Astor Piazzolla, Alejandra Pizarnik, Antonio Berni, Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo Favio, Emilio Petoruti son algunos de sus beneficiarios. Su financiamiento proviene del cobro del “dominio público pagante” a editoriales, productoras de cine y empresas que exploten comercialmente obras libres de derechos, una vez pasados setenta años de la muerte de los creadores. Es un organismo autónomo y con autarquía funcional, administrativa y financiera, y tenía nombrado un presidente: el cineasta Javier Torre. “El FNA es una entidad intachable, admirada internacionalmente, que guarda la obra y el espíritu de nuestros artistas e intelectuales", dijo Torre a La Nación. Lo curioso es que Josefina Rouillet, esposa del asesor de Milei en la reforma del Estado, Federico Sturzenegger, fue gerenta general del FNA durante la gestión de Carolina Biquard, en el gobierno de Cambiemos.
INT
El Instituto Nacional del Teatro es un organismo fundamental para el desarrollo de la actividad teatral a lo largo y ancho de todo el país creado en 1997 por la ley 24.800, y es un ente autárquico. La "ley ómnibus" plantea su cierre. Mariano Stolkiner era el director designado, aunque su cargo no fue todavía oficializado por el Boletín Oficial (situación que también afecta al mismo Secretario de Cultura Leonardo Cifelli), y manifestó en sus redes sociales: “De manera completamente inesperada, me entero de este proyecto de ley que pretende cerrarlo. Ante este estado de situación, declaro mi enorme y urgente preocupación frente a esta medida, la cuál me resulta completamente incomprensible afectando a la sociedad en su conjunto. Llamo a la reflexión para que este proyecto derogatorio, que podría causar un enorme daño sobre nuestros preciados bienes culturales, conformantes fundamentales de nuestro patrimonio e histórica identidad nacional; no avance, convirtiéndose en una ley que tanto daño podría causar a nuestra sociedad en su conjunto”.
Otras repercusiones
“La Fundación El Libro, institución integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines; la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, manifiesta su total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”.
La Cámara Argentina del Libro (CAL) también manifestó su “su preocupación por el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, recientemente presentado por el Poder Ejecutivo que propone derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera Nro. 25.542, iniciativa apoyada y llevada adelante por toda la cadena del sector del libro”. Para la CAL, este proyecto “pone en riesgo la existencia de las pequeñas y medianas librerías y consecuentemente, el acceso a la lectura y a la bibliodiversidad de forma federal e igualitaria”.
La CALI -Cámara Argentina de Librerías Independientes- también se manifestó en contra de la intención de derogar la Ley 25.542. “Advertimos el peligro que supone para el ecosistema librero, para la industria del libro en su conjunto y para sus destinatarios, lectoras y lectores -se lee en su comunicado-. Las librerías somos espacios culturales de encuentro, intercambio y vinculación con los lectores y también con toda la cadena del libro, a la que aportamos valor en el trabajo diario con editoriales pequeñas, medianas y grandes”.
Desde las Bibliotecas Populares nos autoconvocamos para manifestar nuestra oposición a este proyecto, y poonernos en estado de alerta por la cultura.
CONABIP y libros
La “Ley ómnibus” incluye la reforma de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), creada por Domingo Faustino Sarmiento hace 153 años, en 1870. Varios artículos de la ley 23.351 son reemplazados en el proyecto. Primero establece que se las clasifique según la cantidad de obras, el movimiento diario de esas obras y las actividades culturales que desarrollen. A continuación, se informa que las bibliotecas populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue; para obtenerlos, se deberá acreditar “la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular”, “las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas” y “el mayor esfuerzo” realizado en la prestación de servicios (no se determina quién lo evaluaría).
Como apunta Daniel Gigena en La Nación, la Conabip también cambiaría de nombre si se aprueba esta ley. Pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuaría bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. Estaría a cargo de un presidente, un secretario y cinco vocales designados por el PEN. Solo el primero sería remunerado por sus tareas. Días atrás, trascendió que el bibliotecario y escritor Raúl Escandar sería el presidente del organismo. Para María del Carmen Bianchi, funcionaria saliente del área, estas reformas “arrasarían con una política de lectura de más de un siglo y medio”. Y agrega: “Demuele los objetivos, los recursos y la participación federal, además del modelo de relación entre el Estado y la sociedad. Al cancelar las asignaciones específicas, que fueron prorrogadas en 2022 por cincuenta años, los fondos que se asignarán a cada organismo dependen del Congreso. Hay un agravante en ese sentido y es que en la medida en que la dependencia es de bajo rango tiene menos posibilidades de incidir en la distribución de los recursos que le tocan”. Hasta ahora, el Fondo Especial creado por ley 23.351 le asigna a la Conabip un porcentaje de lo recaudado en premios de loterías y juegos; en el 2005, el PEN le agregó fondos especiales por el mismo monto recaudado.
Por último, en el artículo 60 se propone la derogación de la ley 25.542 de precio de uniforme de venta al público de libros o precio único. Esto supondría que cadenas de librerías o cualquier otro comercio (supermercados, por ejemplo), si lo quisieran, podrían vender libros a un precio similar e inferior al del costo, lo que supondría el cierre rápido y definitivo de librerías más pequeñas, que no podrían competir con tal estrategia. Por otro lado, la bibliodiversidad se vería afectada y las editoriales independientes, cuyos catálogos no son tan masivos como los de las que publican best sellers, correrían riesgo de supervivencia.
La ley establece que los descuentos al actual precio fijo pueden ser de hasta un 10% en ferias, días y semanas consagradas al libro o cuando la venta se realice a bibliotecas, centros de documentación, instituciones culturales y de bien público sin fines de lucro, y de hasta un 50% cuando los adquirentes sean el Ministerio de Educación (hoy Secretaría), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y otros organismos públicos que realicen compras para ser distribuidas en forma gratuita a instituciones educativas, culturales y científicas, o a personas de escasos recursos. Si se deroga, las librerías podrán ofrecer mayores descuentos, a costa de su porcentaje de ganancia.
INCAA
En el caso del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales se le retira su principal fuente de financiamiento (el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicación, a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable), que pasa al tesoro nacional. Según el proyecto, el INCAA recibirá directamente el llamado ”impuesto al cine” (10% sobre el precio de las entradas), pero el resto de sus fondos dependerán de lo que envíe el Ministerio de Economía, y establece que los gastos operativos y de personal no pueden superar el 25% de su presupuesto. Además, cambia la estructura de gobierno del Instituto y elimina la prestigiosa Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).
INAMU
Recorta la autonomía del Instituto Nacional de la Música y elimina el “fondo de financiamiento” establecido por la ley 26.801, sancionada en 2012. Ahora los fondos “serán propuestos y asignados por la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”. Le quita al director todas las funciones de definición del funcionamiento, planificación estratégica y proyección presupuestaria para transformarlo únicamente en un "administrador de fondos", y elimina la obligatoriedad de que haya un artista nacional en cualquier show de un artista extranjero y de la difusión de música nacional en los medios públicos.
FNA
El Fondo Nacional de las Artes, promueve el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales mediante concursos y becas desde 1958, presidido hasta 1973 por la escritora Victoria Ocampo, quien lo fundó. Jorge Luis Borges, gran primer premio del FNA; Astor Piazzolla, Alejandra Pizarnik, Antonio Berni, Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo Favio, Emilio Petoruti son algunos de sus beneficiarios. Su financiamiento proviene del cobro del “dominio público pagante” a editoriales, productoras de cine y empresas que exploten comercialmente obras libres de derechos, una vez pasados setenta años de la muerte de los creadores. Es un organismo autónomo y con autarquía funcional, administrativa y financiera, y tenía nombrado un presidente: el cineasta Javier Torre. “El FNA es una entidad intachable, admirada internacionalmente, que guarda la obra y el espíritu de nuestros artistas e intelectuales", dijo Torre a La Nación. Lo curioso es que Josefina Rouillet, esposa del asesor de Milei en la reforma del Estado, Federico Sturzenegger, fue gerenta general del FNA durante la gestión de Carolina Biquard, en el gobierno de Cambiemos.
INT
El Instituto Nacional del Teatro es un organismo fundamental para el desarrollo de la actividad teatral a lo largo y ancho de todo el país creado en 1997 por la ley 24.800, y es un ente autárquico. La "ley ómnibus" plantea su cierre. Mariano Stolkiner era el director designado, aunque su cargo no fue todavía oficializado por el Boletín Oficial (situación que también afecta al mismo Secretario de Cultura Leonardo Cifelli), y manifestó en sus redes sociales: “De manera completamente inesperada, me entero de este proyecto de ley que pretende cerrarlo. Ante este estado de situación, declaro mi enorme y urgente preocupación frente a esta medida, la cuál me resulta completamente incomprensible afectando a la sociedad en su conjunto. Llamo a la reflexión para que este proyecto derogatorio, que podría causar un enorme daño sobre nuestros preciados bienes culturales, conformantes fundamentales de nuestro patrimonio e histórica identidad nacional; no avance, convirtiéndose en una ley que tanto daño podría causar a nuestra sociedad en su conjunto”.
Otras repercusiones
“La Fundación El Libro, institución integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines; la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, manifiesta su total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”.
La Cámara Argentina del Libro (CAL) también manifestó su “su preocupación por el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, recientemente presentado por el Poder Ejecutivo que propone derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera Nro. 25.542, iniciativa apoyada y llevada adelante por toda la cadena del sector del libro”. Para la CAL, este proyecto “pone en riesgo la existencia de las pequeñas y medianas librerías y consecuentemente, el acceso a la lectura y a la bibliodiversidad de forma federal e igualitaria”.
La CALI -Cámara Argentina de Librerías Independientes- también se manifestó en contra de la intención de derogar la Ley 25.542. “Advertimos el peligro que supone para el ecosistema librero, para la industria del libro en su conjunto y para sus destinatarios, lectoras y lectores -se lee en su comunicado-. Las librerías somos espacios culturales de encuentro, intercambio y vinculación con los lectores y también con toda la cadena del libro, a la que aportamos valor en el trabajo diario con editoriales pequeñas, medianas y grandes”.
Desde las Bibliotecas Populares nos autoconvocamos para manifestar nuestra oposición a este proyecto, y poonernos en estado de alerta por la cultura.
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